El Consejo de Ministros alemán aprueba un proyecto de ley contra la violencia digital que abarca deepfakes, cuentas falsas y acoso con GPS

El Consejo de Ministros federal de Alemania aprobó el miércoles 7 de octubre un proyecto de ley destinado a reforzar la protección frente a la violencia digital, según el Gobierno federal. El texto procede del Ministerio Federal de Justicia, dirigido por Stefanie Hubig (SPD), y tiene dos partes: modificaciones del Código Penal que cierran lo que el Gobierno denomina lagunas en la responsabilidad penal, y una nueva ley de protección contra la violencia digital que facilita a las víctimas emprender acciones civiles contra vulneraciones de derechos en internet. Sigue siendo un proyecto del Consejo de Ministros: según tagesschau, el Bundestag aún tiene que pronunciarse sobre él. Hubig presentó un primer borrador en abril; netzpolitik.org informa de que la versión del Consejo de Ministros se endureció desde entonces en varios puntos.

En el centro de la parte penal hay un nuevo delito que abarca la creación y difusión no autorizadas de imágenes íntimas, como deepfakes sexualizados o fotos íntimas compartidas para vengarse de alguien. Según el Gobierno, da igual que esto ocurra en público o en privado, o que el material sea real o generado por ordenador. También pasaría a ser punible tomar imágenes voyeuristas de desnudos en lugares abiertos al público, como saunas o playas nudistas; netzpolitik.org señala que la ley vigente solo cubre la grabación encubierta de desnudos en espacios especialmente protegidos, lo que excluye saunas públicas, vestuarios y playas. También quedarían cubiertas las grabaciones encubiertas dirigidas a partes íntimas del cuerpo vestidas cuando las imágenes estén claramente sexualizadas, por ejemplo mediante zoom, teniendo en cuenta el contexto, como un dispositivo oculto bajo una mesa.

La versión del Consejo de Ministros va más allá que el borrador de abril, informa netzpolitik.org. Poseer y acceder a sabiendas a vídeos que muestren una violación pasaría a ser delito, castigado con hasta tres años de prisión o multa. Gestionar cuentas falsas a nombre de otra persona, o difundir deepfakes y contenidos similares que suplanten a alguien, sería punible cuando pueda dañar gravemente la reputación de esa persona. El proyecto también describe con más claridad en el derecho penal el ciberacoso (cyberstalking), es decir, la vigilancia no autorizada, reiterada y persistente de una persona, por ejemplo rastreando su ubicación con rastreadores GPS.

En el ámbito civil, las personas atacadas en internet, por ejemplo con insultos, podrían obtener una orden judicial que obligue a las plataformas y a los proveedores de acceso a internet a revelar datos como el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el correo electrónico de la persona detrás de una cuenta, cuando sean necesarios para reclamar daños y perjuicios, según el Gobierno. De acuerdo con netzpolitik.org, la solicitud se presentaría ante un tribunal regional, y el derecho abarca ahora también servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram y Signal cuando ofrecen chats grupales. Novedad de la versión del Consejo de Ministros es un derecho, por orden judicial, a que se retiren publicaciones ilícitas concretas incluso cuando se desconoce al titular de la cuenta; ya no está ligado a la opción separada de suspender una cuenta. Los tribunales podrían seguir bloqueando cuentas durante un periodo razonable tras infracciones graves, sobre todo declaraciones delictivas, cuando se prevean más, pero el Gobierno afirma que el listón está alto para proteger la libertad de expresión.

El proyecto también está vinculado al regreso de la conservación de datos, informa netzpolitik.org. Según la exposición de motivos citada por el medio, podría ordenarse a plataformas y proveedores de acceso que preserven los datos que ya tienen sobre presuntos infractores, incluidas direcciones IP almacenadas de forma preventiva. Otro proyecto del mismo ministerio obligaría a guardar las direcciones IP durante un plazo previsto de tres meses; la conservación obligatoria de datos está suspendida en Alemania desde 2017. Un miembro de la junta directiva de eco, la asociación de la industria de internet, calificó de desproporcionado almacenar direcciones IP sin motivo durante tres meses, mientras que Hubig afirmó que el almacenamiento de direcciones IP forma parte de la protección frente a la violencia digital.